En nuestro país existe desde septiembre de 1995 la Ley N° 24.557 donde se contempla el sistema de la seguridad social, denominada de Riesgos del Trabajo que actúa como herramienta destinada a asegurar la plena cobertura a todos los trabajadores en relación de dependencia dentro de nuestro territorio. De aquí se deduce que todo trabajador es alcanzado por los beneficios de la seguridad social incluyendo las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

En la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley para asegurar reparaciones suficientes, es decir haciendo que la obtención de estos beneficios sea lenta y no “tan útil”.

Para revertir esa situación se estima necesario que se cumpla con  la intervención previa obligatoria y exclusiva de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Esto quiere decir que, el trabajador afectado por una enfermedad profesional y/o un accidente de trabajo ya no debe demandar ante la justicia a los fines que el empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, se responsabilicen ante la contingencia. Ahora en cambio, el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, debe solicitar el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial presentándose ante la Comisión Médica de su jurisdicción (creada a tal efecto) la que actuará con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, determinando si puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

 

¿Jerarquizar el empleo público?

Al mismo tiempo se advierte la necesidad  de incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas del Sistema de Riesgos del Trabajo, con los perjuicios que de ello se deriva y para lograr ese cometido, se dispone la creación del Autoseguro Público Provincial, el que se cree facilitaría a  las provincias y sus municipios, en su calidad de empleadoras, una alternativa a los institutos de protección de los riesgos del trabajo.

Para acceder al Autoseguro Público Provincial, cada provincia y municipio deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de los beneficios que la ley dispone debiendo ser administrado mediante un régimen separado del que corresponda a la contabilidad general local. El Autoseguro Público Provincial deberá establecer, para cada dependencia, un plan de acción específico.

Quienes critican este nuevo modo de afrontar la indemnización por las contingencias laborales dicen que "fue para evitar una avalancha de juicios laborales" de la cual fue advertido el Gobierno, y "para aprovechar la demora de la sanción de la ley” por parte de Diputados, definiendo el proyecto como un guiño al sector patronal.

 

Adhesión de las provincias

Para que el DNU tenga aplicación a nivel nacional será necesaria la adhesión de las provincias y los municipios, los cuales deberían adecuar su normativa local a estas nuevas formas de llevar adelante la Seguridad Social. Esto significa que hasta tanto los estados provinciales no adhieran a este decreto, podrán seguir con sus regímenes en materia de Seguridad Social como lo hacen hasta el momento.

 

María Ximena Miranda Nastovitch, Abogada, Escribana, Procuradora (Mat. E 217)  

 

 

 

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