Leyes y CCT

Leyes y CCT (6)

En nuestro país existe desde septiembre de 1995 la Ley N° 24.557 donde se contempla el sistema de la seguridad social, denominada de Riesgos del Trabajo que actúa como herramienta destinada a asegurar la plena cobertura a todos los trabajadores en relación de dependencia dentro de nuestro territorio. De aquí se deduce que todo trabajador es alcanzado por los beneficios de la seguridad social incluyendo las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

En la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley para asegurar reparaciones suficientes, es decir haciendo que la obtención de estos beneficios sea lenta y no “tan útil”.

Para revertir esa situación se estima necesario que se cumpla con  la intervención previa obligatoria y exclusiva de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Esto quiere decir que, el trabajador afectado por una enfermedad profesional y/o un accidente de trabajo ya no debe demandar ante la justicia a los fines que el empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, se responsabilicen ante la contingencia. Ahora en cambio, el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, debe solicitar el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial presentándose ante la Comisión Médica de su jurisdicción (creada a tal efecto) la que actuará con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, determinando si puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

 

¿Jerarquizar el empleo público?

Al mismo tiempo se advierte la necesidad  de incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas del Sistema de Riesgos del Trabajo, con los perjuicios que de ello se deriva y para lograr ese cometido, se dispone la creación del Autoseguro Público Provincial, el que se cree facilitaría a  las provincias y sus municipios, en su calidad de empleadoras, una alternativa a los institutos de protección de los riesgos del trabajo.

Para acceder al Autoseguro Público Provincial, cada provincia y municipio deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de los beneficios que la ley dispone debiendo ser administrado mediante un régimen separado del que corresponda a la contabilidad general local. El Autoseguro Público Provincial deberá establecer, para cada dependencia, un plan de acción específico.

Quienes critican este nuevo modo de afrontar la indemnización por las contingencias laborales dicen que "fue para evitar una avalancha de juicios laborales" de la cual fue advertido el Gobierno, y "para aprovechar la demora de la sanción de la ley” por parte de Diputados, definiendo el proyecto como un guiño al sector patronal.

 

Adhesión de las provincias

Para que el DNU tenga aplicación a nivel nacional será necesaria la adhesión de las provincias y los municipios, los cuales deberían adecuar su normativa local a estas nuevas formas de llevar adelante la Seguridad Social. Esto significa que hasta tanto los estados provinciales no adhieran a este decreto, podrán seguir con sus regímenes en materia de Seguridad Social como lo hacen hasta el momento.

 

María Ximena Miranda Nastovitch, Abogada, Escribana, Procuradora (Mat. E 217)  

 

 

 

Existen varios “mitos” con respecto  a qué es el período de prueba, cuál es el tiempo real en el que se cumple, qué pasa con los despidos durante el mismo, entre otras cosas. Esta institución  es altamente estricta con respecto a ciertos requisitos que deben ser cumplidos, para que la misma sea procedente.
El período de prueba es por un plazo de tres (3) meses  que  se cuenta desde que el trabajador comienza su relación laboral con el empleador. Durante este tiempo el empleador evalúa si el nuevo trabajador se adapta a las necesidades específicas del puesto y decide si dicho empleado permanece dentro de su planta permanente, o no. De manera que esto constituye una garantía para el empleador ya que no tendría que pagar la indemnización regular si el empleado no desarrollara la tarea en forma satisfactoria, y no habría necesidad (de acuerdo a la ley) de cumplir con toda la carga probatoria de un despido con causa.

 

¿Cuándo estamos ante un período de prueba?

 

El período de prueba, solo procede cuando se trata de contratos laborales por tiempo indeterminado. Esto quiere decir que si se contrata a un trabajador por temporada o por un plazo fijo establecido de antemano, no podríamos hablar  nunca de un período de prueba, ya que la “duración” del contrato sería uno de los requisitos esenciales del mismo.

Por supuesto el trabajador esta amparado por nuestra ley laboral en el transcurso de estos tres meses de prueba, período en el cual, el empleador deberá cumplir con ciertos y distintos requisitos; siendo que solo serán considerados dentro de período de prueba los trabajadores debidamente registrados desde el inicio de la relación laboral.

Si esta registración no fuese realizada por vía del alta temprana en forma previa a que el trabajador comenzó a prestar servicios (de acuerdo a su real fecha de ingreso) haría legalmente inaplicable esta institución convirtiendo el accionar del empleador un fraude laboral, que puede dar lugar a severas sanciones en su contra.

La razón de ser de esta exigencia severa es que, de no ser así, las empresas podrían tener empleados sin registrar  por períodos iguales o inferiores a los tres meses, despidiéndolos sin la carga del pago  indemnizatorio y pudiendo hacer un uso abusivo del período de prueba para evitar la registración y acumulación de antigüedad de sus empleados.

 

¿Se puede despedir a un trabajador durante este período?

 

El período de prueba se presume, por lo que con la simple registración adecuada se entiende que existe la posibilidad de despedir sin indemnización dentro de los primeros tres meses, pero lo  que los empleadores generalmente olvidan es que es necesario preavisar la desvinculación, incluso dentro de este período. En dicho caso se trata de un preaviso de 15 días. Existiendo también la opción de pagar la indemnización sustitutiva de dicho preaviso.

Otro de los requisitos que es frecuentemente olvidado por algunos empleadores, es que el período de prueba es uno solo por relación trabajador – empleador.  De manera que si por ejemplo un  empleado estuvo desarrollando tareas por tres meses, se lo echó y a los cinco meses se lo quiere volver a tomar, la empresa conoce perfectamente las capacidades de dicho trabajador, porque ya tuvo la posibilidad de evaluarlo en su desempeño. Si el empleador vuelve a contratar al mismo empleado que ya tuvo un período de prueba, la nueva relación laboral será computada como celebrada sin período de prueba desde su comienzo.

Lo mismo ocurre con el personal que hubiese prestado cierto servicio laboral en forma previa para el mismo empleador, como por ejemplo una pasantía o un trabajo eventual, etc.; dado que la empresa ya conoce la capacidad  de trabajo de ese empleado, el uso del período de prueba sería un abuso de derecho de la parte empresarial.

Con respecto al resto de los extremos de la relación laboral, la misma se encuentra igual que si fuera un contrato por tiempo indeterminado. Hay que pagar cargas sociales, el trabajador tiene derechos sindicales y está cubierto por la ART.  

 

María Ximena Miranda Nastovitch, Abogada, Escribana, Procuradora (Mat. E 217)  

El Senado aprobó con 40 votos positivos y 4 negativos un proyecto de ley impulsado por los senadores Guillermo Pereyra (MPN) y Nancy González (PJ-FpV) que establece un cupo laboral en empresas privadas para personas con discapacidad.

La iniciativa recibió media sanción y fue girada a la Cámara baja. La norma establece que el sector privado deberá incorporar trabajadores con capacidades diferentes, al igual que sucede en la administración pública.

Se contempla la obligación para que las empresas privadas que en su plantel superen los cien trabajadores, que ocupen personas con capacidades diferentes -que acrediten condiciones de idoneidad- en una proporción no inferior al 4% del total de su plantilla.

“Hemos visto cómo las empresas rechazan a los trabajadores por el solo hecho de tener alguna discapacidad o deficiencia física”, dijo el senador Pereyra y criticó a los lobbys empresariales “que han trabajado para que éste proyecto no se pueda tratar”.

El senador neuquino recordó lo que sucede en el Senado de la Nación con este cupo, “donde podemos dar ejemplo sobre de qué forma se debe tratar a las personas con capacidades diferentes, mientras vemos cómo son rechazados desde la actividad privada”.

La administración pública tiene su cupo, por qué no lo puede tener la actividad privada”, se preguntó durante en el recinto. La medida busca garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato; y profundiza lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431 -de Discapacidad-, que alcanza a las empresas privadas que brinden servicios públicos. Los porcentajes requeridos deberán ir cumplimentándose a medida que se generen nuevos puestos de trabajo y su incumplimiento será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación bajo los términos de la Ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

Fuente: Parlamentario.com  

 

Los trabajadores de prensa cuentan, desde 2008, con un Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T 541/08) como herramienta fundamental para la defensa de sus derechos laborales. Conocerlo y defenderlo en cada lugar de trabajo y en las calles exigiendo su plena aplicación es nuestro derecho y nuestro deber.

Desde Prensa Gremial te proponemos, trabajador de prensa, dedicar 15 minutos de tu tiempo para su lectura. Esos minutos pueden hacer la diferencia.  

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de junio de dos mil ocho,

comparecen en representación de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, su

Secretario General Sr. Gustavo Granero, su Secretario Adjunto Sr. José Insaurralde, su

Secretario Gremial Sr. Rubén Corral, su secretario de organización Osvaldo Couceiro y

Andrea Rossetti como Vocal titular, miembros del Secretariado e integrantes todos de la

Comisión Negociadora. Por el sector empresario comparece en representación de la

Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) el Dr. Luis Alberto

Díaz.

PARTES CONTRATANTES:

Representación sindical: Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN),

entidad gremial de segundo grado, personería gremial Nº 367 de ámbito nacional con

excepción de la exclusión geográfica determinada en el ámbito territorial de la presente

convención.

Representación empresaria: Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina

(A.D.I.R.A.) entidad gremial empresaria, con personería jurídica Nº 1631/76 de ámbito

nacional, excepcionando para este acto la representación de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y las siguientes empresas: Editorial la Mañana

S.A. y Talleres El Túnel S.A. (Diario Formosa) de la Provincia de Formosa, Diario El

Tribuno de la Ciudad de Salta, Diario El Tiempo de Azul, Diario Nueva Era de Tandil,

Diario El Pregón de Azul y Diario El Día S.A. de la Ciudad de La Plata, todos de la

Provincia de Buenos Aires, Editora Correntina S.A., Editora Juan Romero S.A., Medios del

Iberá S.R.L. (Diario La República) y Talleres El Túnel S.A. todos de la provincia de

Corrientes; Diario Pregón S.R.L. de la Provincia de Jujuy.

La vigencia de los convenios colectivos Nº 191/75 (Tandil, Azul y Tres Arroyos, Pcia. de

Buenos Aires), 185/75 (Pcia. de Salta), 181/75 (Pcia. de Formosa), 183/75 (Pcia. de

Jujuy) y Expediente Nº 36078/75 (Pcia de Corrientes) no será afectada por la presente

convención hasta tanto las empresas excluidas anteriormente referidas se manifiesten

ante la invitación a adherir a la misma.

De conformidad con lo dispuesto por La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo

mediante Disposición D.N.R.T. Nº 91 del 23 de julio de 1991, a la ADIRA se le ha

atribuído la representación de todas las empresas gráficas periodísticas no

convencionadas, a excepción de las ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

 

CAPITULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º: Ámbito Territorial: Las disposiciones de la presente Convención Colectiva

regirán en todo el territorio de la República Argentina, con la exclusión de los siguientes

ámbitos geográficos y convencionales: Convenios Colectivos N° 301/75 (Capital Federal),

153/91 (Partidos de Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Pueyrredón, Constitución,

Belgrano, Irondo y Caseros; de la provincia de Santa Fe), 186/75 (Provincia de Tucumán),

173/75 (Provincia del Chaco), 443/75, 289/75, y 364/75 (Prov. de Córdoba), Resolución

346/75 (Ciudad de Mar del Plata y Partido de Gral. Pueyrredón Provincia de Bs. As.), el

CCT 403/75 (Bahía Blanca, Provincia de Bs. As) y el CCT 017/75 (Provincia de Mendoza).

ÁMBITO PERSONAL

Artículo 2º: Personal Comprendido: quedan incluidos en el presente convenio colectivo

de trabajo los trabajadores que se desempeñen en empresas editoras de diarios sobre

cualquier soporte, incluidos en las leyes 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional) y

Decreto Ley 13.839/46, ratificado por ley Nº 12.921 (Estatuto de Empleados

Administrativos de Empresas Periodísticas). Con la exclusión del personal de taller

gráfico definido en el Convenio Colectivo de ese sector laboral.

Artículo 3: Período de Vigencia: se establece la vigencia de este convenio colectivo por

un año a partir de la firma, con las modificaciones que se produzcan en acuerdo de las

partes firmantes, o hasta la puesta en vigencia del convenio colectivo de trabajo de

actividad que se tramita por expediente MTEySS de la Nación Nº1.174.798/06.

 

CAPITULO II.- INGRESO. RÉGIMEN DE TRABAJO.

Artículo 4º: Categorías de Empleadores: A los efectos de determinar las condiciones de

ingreso, así como para fijar el régimen de sueldos mínimos iniciales y básicos en las

escalas progresivas, según sus funciones, se establecen dos categorías de empleadores,

que serán clasificadas de acuerdo al siguiente criterio:

Estarán comprendidos en la categoría “A” los medios de aparición diaria editados en

ciudades de más de 110.000 habitantes o que su tiraje promedio declarado exceda los

10.000 ejemplares.

Se entenderán comprendidas en la categoría “B” las restantes editoriales.

Cuando en la misma ciudad se edite más de una publicación no podrán discriminarse

categorías y, de corresponder, se considerarán todas incluidas en la que fuere mayor.

Las publicaciones editadas en las capitales de provincia serán consideradas como “A”

con indiferencia de los restantes criterios.

En cumplimiento de lo antedicho, la Comisión Paritaria Permanente procederá a calificar

las empresas en caso de presentación realizada por Sindicatos, trabajadores o

empleadores.

Artículo 5º: Calificaciones: La incorporación y calificación del personal en las empresas

periodísticas se hará de acuerdo con las siguientes categorías laborales y las previstas en

las escalas salariales anexas:

  1. a) aspirante: el que se inicia en las tareas propias del periodismo;
  2. b) reportero: el encargado de recoger en las fuentes privadas o públicas las noticias o los

elementos de información necesarios para el diario, periódico, revista, semanario,

anuario y agencia noticiosa;

  1. c) cronista: el encargado de redactar exclusivamente información objetiva en forma de

noticias o crónicas; cableros: el encargado de preparar, aumentando, sintetizando o

corrigiendo, las informaciones telegráficas, telefónicas o radiotelefónicas;

  1. d) redactor: el encargado de redactar notas que, aparte de su aspecto informativo,

contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general;

  1. e) colaborador permanente: Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja

a destajo en diarios, por medio de artículos o notas, con firma o sin ella, retribuidos

pecuniariamente por unidad o al centímetro, cuando alcance un mínimo de veinticuatro

(24) colaboraciones. El que escribe notas, retratos, paralelos, narraciones,

descripciones, ensayos, cuentos, bibliografías y otros escritos de carácter literario o

científico o especializado de cualquier otra materia en un número no menor de

veinticuatro (24) anuales y que por la índole de los mismos no corresponde a las tareas

habituales de los órganos periodísticos.

  1. f) editorialista: el encargado de redactar comentarios de orientación y crítica de las

diversas actividades de la vida cotidiana;

  1. g) encargado o jefe de sección, prosecretario de redacción o jefe de noticias, secretario

de redacción, secretario general de redacción, jefe de redacción, subdirector, director o

codirector: el encargado de las tareas técnicas particularmente señaladas por su

designación;

  1. h) traductor; reportero gráfico; corrector de pruebas; archiveros: encargados de realizar

la tarea que indica su nombre. Dictafonista: encargado de recibir informaciones

mediante el dictáfono.

  1. i) letrista; retocador; cartógrafo: dibujantes encargados de las tareas técnicas

especialmente señaladas por su designación;

  1. j) retratista; caricaturista; ilustrador; diagramador: los dibujantes encargados de las

tareas técnicas especialmente señaladas por su designación.

Artículo 6º: Admisión del Aspirante: La admisión del aspirante se hará por el empleador

de acuerdo con las siguientes condiciones:

  1. a) en las empresas periodísticas de la categoría “A” en la proporción de uno por cada

ocho con respecto a su personal total periodístico;

  1. b) en la categoría “B”, esta admisión se hará en las mismas condiciones, pero en la

proporción de uno por cada cinco;

  1. c) en los casos en que la redacción comprendiese menos de cinco redactores, podrá

admitirse más de un aspirante, pero en número inferior a esa base, siempre que ganen

el sueldo mínimo.

Los aspirantes, después de dos (2) años de servicio y siempre que tengan veinte (20)

años de edad cumplidos, deberán ser incorporados dentro de cualquiera de las

calificaciones previstas en las escalas de los anexos según corresponda.

Artículo 7º: Período de Prueba: Todo personal periodístico podrá ser sometido, si así lo

desea el empleador, para su ingreso, a un período de prueba que no deberá ser mayor de

treinta (30) días. Probada su idoneidad, comenzará a ganar el sueldo básico de acuerdo

a los anexos I, II, III y IV según corresponda, y se le considerará definitivamente

incorporado al personal permanente, debiendo computarse el período de prueba para

todos los efectos legales y estatutarios.

Artículo 8º. Personal con capacidades diferentes: Las partes convienen de acuerdo a la

Resolución MTE y FRH 438/2001 y la Resolución 152/2001, que las empresas periodísticas alcanzadas por este acuerdo propenderán a la incorporación de personal con cualquier tipo de discapacidad motora y/o psicofísica que puedan desarrollar las tareas propias de los trabajadores descriptos en la presente convención colectiva de trabajo.

En las nuevas vacantes deberá atender este nuevo requerimiento en una proporción no

inferior al cinco por ciento (5%) del incremento de la nómina de personal periodístico,

administrativo, expedición, técnico, distribución e intendencia.

Las empresas facilitarán las tareas del personal incorporado proveyendo de material,

insumos y muebles ergonométricos especiales, en caso de ser necesarias, para que la

igualdad de condiciones en la oportunidad de trabajo sea fehacientemente cumplida.

Asimismo los gremios adheridos a la FATPREN podrán contemplar programas de

perfeccionamiento profesional para los trabajadores de prensa, para que mejoren el

tratamiento de las particularidades específicas de la profesión y que ayuden en el

desenvolvimiento de los trabajadores incorporados a partir de este convenio.

Para los fines previstos en este artículo, las empresas y los sindicatos adheridos podrán

contar con el apoyo de la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables

de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las

bases de datos, los programas de capacitación y empleo; y con los incentivos fiscales,

provinciales y municipales que se encuentren vigentes.

Artículo 9º: Comunicación por Escrito: Tanto para los casos de ensayo de aptitudes para

su incorporación como para la fijación de sueldos, aumentos de sueldos por aplicación

de la escala o por aumentos extraordinarios, como por cambio de categoría u otras

causas, el empleador deberá comunicar sus decisiones por escrito al interesado.

Artículo 10º: Afiliación: La circunstancia de que los trabajadores contemplados en este

convenio colectivo sean afiliados a un sindicato o asociación gremial, o a un partido

político, no podrá ser motivo para que el empleador impida su ingreso, como tampoco

causal de despido. A pedido de la FATPREN, tendrán derecho al uso de licencia gremial

paga, de conformidad con los créditos horarios que determine la Comisión Paritaria

Permanente, los trabajadores que integren los órganos de conducción de la FATPREN

mientras duren en sus cargos, independientemente de su situación de revista al

momento de la solicitud. Igual derecho, y por igual medio, tendrán los dirigentes de los

órganos directivos de las organizaciones gremiales adheridas a la FATPREN, en la

proporción de uno por empresa.

Artículo 11º: Subordinación: Los periodistas ajustarán su labor a las normas de trabajo

que fije la dirección del empleador dentro de las leyes en vigencia.

Artículo 12º: Protección de fuentes locales: Las empresas no podrán reproducir

información provista por las agencias de información periodística, de la localidad donde

tengan su asiento que, por su naturaleza, representa el trabajo normal de los reporteros

o cronistas y demás personal habitual en los medios escritos, exceptuando las

publicaciones escritas en idioma extranjero.

Artículo 13º: Jornada de Trabajo: El horario que se establezca para el personal

periodístico no será mayor de treinta y seis (36) horas semanales, debiendo cada jornada

ser cumplida en forma continuada. Cuando por causa de fuerza mayor o la existencia de

situaciones propias de la profesión, se prolongue la jornada determinada

precedentemente, se compensará el exceso con las equivalentes horas de descanso en la

jornada inmediata o dentro de la semana, o se pagarán las horas extras con recargo del

cien por ciento. Las horas extras no podrán exceder, en ningún caso, de veinte

mensuales.

Artículo 14º: Vacaciones: Los periodistas gozarán de un período mínimo continuado de

descanso anual, conservando la retribución que les corresponde durante el servicio

activo en los siguientes términos:

  1. a) quince días hábiles cuando la antigüedad en el servicio, no exceda de diez años;
  2. b) veinte días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de Diez años y no exceda de

veinte;

  1. c) treinta días hábiles, cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de veinte años.
  2. d) disfrutarán de un descanso adicional de 3, 5 y 7 días, cuando realizaren tareas

habitualmente nocturnas.

  1. e) Las vacaciones comenzarán en día lunes o el siguiente día hábil si aquel fuese feriado.

Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones

deberán comenzar al día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso

semanal o el subsiguiente día hábil si aquel fuese feriado

  1. f) el empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del periodo

comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril de cada año siguiente. La fecha de

iniciación de vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no

menor de 45 días al trabajador.

  1. g) el trabajador percibirá una retribución durante el periodo de vacaciones, que se

determinará de acuerdo con lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo

155.

Artículo 15º: Descanso Hebdomadario: Los periodistas gozarán de descanso

hebdomadario, debiendo darse descansos compensatorios en la subsiguiente semana

cuando trabajen los feriados nacionales obligatorios, o abonarse las remuneraciones

correspondientes al feriado con un cien por ciento (100%) de recargo.

Artículo 16º: Reemplazos: Durante el descanso hebdomadario y el período de vacaciones

anuales, todos los reemplazos serán efectuados preferentemente por personal de la

misma categoría, orden jerárquico o especialidad de funciones; y no podrá obligarse al

reemplazante a realizar más de una vez por año esta tarea suplementaria

correspondiente a vacaciones, y más de una vez por semana la de descanso

hebdomadario. En caso de exceder estos plazos el trabajador deberá ser recalificado

laboralmente en forma ascendente.

Artículo 17º: Licencias especiales: El trabajador gozará de las siguientes licencias

especiales, con goce de haberes:

  1. a) Por nacimiento o adopción de hijo, tres (3) días hábiles.
  2. b) Por matrimonio, diez (10) días corridos.
  3. c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente

matrimonio, de hijo o de padres, tres (3) días corridos.

  1. d) Por fallecimiento de hermano, dos (2) días.
  2. e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por

examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

 

CAPITULO III.- ESTABILIDAD; RUPTURA DE CONTRATO DE TRABAJO.

Artículo 18º: Estabilidad: La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su

denominación y jerarquía, es base esencial de esta convención siempre que no estuviera

en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la

misma.

Artículo 19º: Causales de Despido: Son causas especiales de despido de los periodistas

profesionales, sin obligación de indemnizar ni preavisar, las siguientes:

  1. a) daño intencional a los intereses del principal, y todo acto de fraude o de abuso de

confianza establecido por sentencia judicial;

  1. b) inasistencias prolongadas, reiteradas o abandono del servicio, previo cumplimiento

de las formalidades previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

  1. c) desobediencia grave o reiterada a las órdenes e instrucciones que reciban en el

ejercicio de sus funciones;

  1. d) incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron para su

ingreso en el período de prueba establecido en el presente.

Artículo 20º: Notificación: Las causales consignadas en los incisos del artículo anterior

deberán documentarse en cada caso, con notificación escrita al interesado.

Artículo 21º: Suspensiones: Ningún empleado podrá ser suspendido en el desempeño de

sus tareas sin retribución pecuniaria, por un plazo mayor de treinta días dentro del

término de trescientos sesenta y cinco días. Toda suspensión deberá estar debidamente

documentada y notificada por escrito al interesado con detalle de las causas invocadas

por el principal para la aplicación de tal medida disciplinaria. La resolución del

empleador podrá ser recurrida por el empleado dentro de los cinco (5) días de notificada

ante la Comisión Paritaria Permanente. Si la resolución fuera revocada, el empleador

deberá pagar íntegramente las remuneraciones devengadas.

Artículo 22º: Conservación del Empleo: Los periodistas conservarán su empleo cuando

sean llamados a prestar servicio militar, o movilizados o convocados especialmente,

hasta treinta días después de terminado el servicio. Esta disposición regirá también para

quienes desempeñen cargos electivos, durante el término de su mandato, si no pudieran

o no quisieran ejercer el periodismo.

Artículo 23º: Estabilidad. Ruptura de Contrato de Trabajo: En casos de despidos por

causas distintas a las expresamente enunciadas en el Art. 19 de este CCT, el empleador

estará obligado a:

  1. a) preavisar el despido de su dependiente con uno o dos meses de anticipación a la

fecha en que éste se efectuara, según sea la antigüedad del agente menor o mayor de

tres años, respectivamente, a la fecha en que se haya de producir la cesación. El plazo

del preaviso comenzará a computarse a partir del primer día hábil del mes siguiente al

de su notificación, debiendo practicarse ésta por escrito. Durante la vigencia del

preaviso subsisten las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, debiendo el

empleador otorgar a su empleado una licencia diaria de dos horas corridas, a elección de

éste, sin que ello determine disminución de su salario;

  1. b) en caso de despido sin preaviso, el empleador abonará a su dependiente una

indemnización sustitutiva equivalente a os o cuatro meses de retribución, según sea la

antigüedad del agente, menor o mayor de tres años a la fecha de la cesación en el

servicio;

  1. c) en todos los casos de despido injustificado, el empleador abonará a su dependiente,

una indemnización calculada sobre la base de un mes de sueldo por cada año o fracción

mayor de tres meses de antigüedad en el servicio. En ningún caso esta indemnización

será inferior a dos meses de sueldo;

  1. d) sin perjuicio del pago de las indemnizaciones establecidas en los incisos b y c que

anteceden, el empleador abonará además a su dependiente, en los casos de despido

injustificado, haya o no mediado preaviso, una indemnización especial equivalente a seis

meses de sueldo;

  1. e) a los fines de la determinación del sueldo a considerarse para el pago de las

indemnizaciones previstas en los incisos b, c y d de este artículo, se tomará como base

el promedio que resulte de lo percibido por el dependiente en los últimos seis meses, o

durante todo el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera inferior, computándose a

tal efecto las retribuciones extras, comisiones, viáticos, excepto en cuanto a éstos, la

parte efectivamente gastada y acreditada con comprobantes, gratificaciones y todo otro

pago en especies, provisión de alimentos o uso de vivienda que integre, con

permanencia y habitualidad el salario, sobre la base de una estimación o valorización en

dinero, conforme a la época de su pago.

Artículo 24º: Rebaja de Sueldos: La rebaja de sueldos o comisiones u otros medios de

remuneración y la falta de puntualidad en los pagos se considerarán como despido sin

causa legítima.

Cuando se produzca la cesión o cambio de firma o cuando el empleador no haya dado el

aviso previo en los plazos precedentemente enunciados, o en el de rebajas en las

retribuciones o falta de pago, pasarán a la nueva firma las obligaciones que establecen

este artículo y el anterior.

Si el periodista prosiguiera trabajando con la nueva y no hubiere percibido

indemnizaciones por despido y falta de preaviso, conservará su antigüedad para todos

los efectos.

Artículo 25º: Falencia del Principal: En caso de falencia del principal, el periodista

tendrá derecho a la indemnización por despido, según su antigüedad en el servicio. Las

indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que correspondan al periodista no

estarán sujetas a moratorias ni embargos, y regirá a su respecto lo dispuesto para

salarios en el régimen de concursos y quiebras legalmente aplicable.

En caso de cesantía o retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, las empresas

estarán obligadas a entregar al periodista un certificado de trabajo conteniendo las

indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo, conforme lo prevista en el

artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Artículo 26º: Adicional por Antigüedad en caso de Retiro: Todo empleado que tenga una

antigüedad en el servicio superior a cinco años, tendrá derecho, en caso de retiro

voluntario, a una bonificación de medio mes de sueldo por cada año que exceda de los

cinco y hasta un máximo de tres meses. No gozará de este derecho en el supuesto que

omitiese preavisar al empleador en los mismos plazos impuestos a estos últimos.

Artículo 27º: Disposiciones sobre Indemnizaciones, Antigüedad y Enfermedad: Todas las

disposiciones relativas al despido, indemnizaciones, antigüedad y enfermedad

contenidas en la presente refieren a la ley 12908. Los casos no contemplados

específicamente serán resueltos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 28º: Accidentes y Enfermedades Inculpables: Cada accidente o enfermedad

inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a

percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el

servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos

que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara

impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a

percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente,

según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de

enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara

transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al

trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de

los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren

acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, por esta

convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviere

integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el

promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo,

en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la

que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en

especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o

enfermedad serán valorizadas adecuadamente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no

afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos,

sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas

circunstancias fuesen sobrevinientes.

El trabajador conservará su puesto y si dentro del año trascurrido según lo indicado en

este artículo, el empleador lo declarase cesante, le pagará la indemnización por

despido, conforme a lo estatuido en la Ley 12908.

Artículo 29º: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: Los trabajadores de

prensa cualquiera sea la remuneración que perciban están comprendidos en la ley de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; pero cada vez que cada uno de

ellos sea encargado de una misión que comporte riesgos excepcionales como ser guerra

nacional o civil, revoluciones, viajes a través de regiones o países inseguros, deberá

estar asegurado especialmente por el empleador, de modo que quede cubierto de los

riesgos de enfermedad, invalidez o muerte.

Las indemnizaciones no podrán ser inferiores, en caso de muerte o invalidez física o

intelectual total y permanente, a una suma igual a tres veces el sueldo anual que

percibía el periodista en el momento de producirse el infortunio.

Cuando no se origine la invalidez total y permanente o la muerte, la indemnización será

calculada teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de

asistencia médica.

Artículo 30º: Indemnizaciones: La indemnización por accidente o enfermedad que

establece el presente convenio colectivo no regirá para los casos previstos por la ley de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales o de seguros por riesgos especiales

cuando, en tales casos, corresponda al empleado una indemnización mayor.

En ningún caso el trabajador de prensa tendrá derecho a más de una indemnización por

accidentes o enfermedades, inculpables o profesionales, excepto en los casos

comprendidos en las leyes en vigencia.

Artículo 31º: Muerte del Trabajador: En los casos de muerte del trabajador, el cónyuge,

los descendientes y los ascendientes en el orden y la proporción que establece el Código

Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio que establece el

Art. 43, inc. “b” de la ley 12.908.

Artículo 32º: Adicional por Antigüedad: Sobre la base de las mínimas fijadas en los

anexos salariales, las personas comprendidas en este convenio colectivo de trabajo

gozarán de un aumento mensual de sus retribuciones, progresivo por antigüedad,

equivalente al 1% de la categoría de Cronista según la calificación de empresa dispuesta

por el presente convenio colectivo de trabajo, por cada año calendario.

Artículo 33º: Cómputo de la Antigüedad: A los fines del artículo anterior, no se

computará el tiempo en que el periodista se haya desempeñado como aspirante. Para

todos los demás efectos, la antigüedad se computará desde el ingreso del periodista en

tal carácter a la empresa. Las cesiones, cambios de firma, trasformación de empresas,

de organización o de formas en la publicación no perjudicarán en ningún caso la

antigüedad.

Artículo 34º: Aumentos en base a la antigüedad en las empresas: Los adicionales que fija

el Art. 32 deberán efectuarse sobre la base de la antigüedad que en las empresas tengan

los beneficiarios del presente Convenio Colectivo de Trabajo.

Artículo 35º: Aumentos en base a méritos y capacidad: Los sueldos establecidos en la

presente CCT no excluirán los aumentos a que el periodista pudiera hacerse acreedor en

razón de los méritos y capacidad demostrada en el desempeño de sus funciones.

Artículo 36º: No pueden Fijarse Sueldos Inferiores: En los convenios colectivos del

trabajo de ámbito menor, que pudieran acordarse, o entre las empresas y su personal,

no podrán establecerse sueldos mínimos ni escalas de sueldos inferiores a los que en el

presente fija esta Convención Colectiva, así como también los que pudieran fijarse en el

futuro.

Artículo 37º: Ventajas Anteriores: En ningún caso los trabajadores de prensa perderán las

ventajas que hubieran obtenido con anterioridad. El presente convenio colectivo de

trabajo no podrá afectar en ningún caso los mayores beneficios que por aplicación de los

convenios que se sustituyen se encuentren incorporados al contrato individual de los

trabajadores aquí comprendidos. Tampoco podrán modificarse las modalidades de

prestación de las tareas.

Artículo 38º: Corresponsales con Igual Remuneración: Los corresponsales que se

acrediten como tales, tendrán la misma retribución que la fijada por este Convenio

Colectivo de Trabajo para las funciones específicas que desempeñe

Artículo 39º: Personal Transitorio: Las personas utilizadas transitoria o accidentalmente

para la información o crónica de reuniones o acontecimientos determinados o la que se

limite, simplemente, a trasmitir las noticias de la índole expresada, serán remuneradas

por cada crónica o comentario con una veinteava parte del salario de la categoría

profesional que defina el trabajo realizado por pieza, respectivamente, según la

categoría del órgano periodístico. Si estas personas fueran utilizadas más de tres (3) días

por cada semana deberán ser incorporadas al régimen del personal permanente.

Artículo 40º: Aportes Jubilatorios para Personal Transitorio: Las retribuciones que

perciban las personas a que se refiere el artículo anterior que hayan cumplido 18 años

de edad, como así también las que realicen tareas transitorias o accidentales de esta

índole, ya sea por jornal o por pieza, quedan sujetas al régimen de aportes dispuestos

por la ley de jubilaciones y pensiones. Como así de aportes sindicales o convencionales

que se contemplen por esta convención colectiva u otras a celebrarse.

Artículo 41º: Remuneración en Período de Prueba: Durante los períodos de prueba, el

trabajador percibirá el importe mensual que le corresponde por la escala salarial

vigente. En iguales circunstancias el aspirante percibirá el importe mensual que le

asigna la categoría en que esté calificado el empleador.

Artículo 42º: Fecha de Pago: El pago de haberes, sueldos y jornales se efectuará entre el

uno y cinco de cada mes, o entre estos días y el quince ó veinte cuando sea por

liquidación quincenal, y los sábados cuando sea semanal.

Las remuneraciones establecidas para el personal transitorio establecido en el artículo

39º de este convenio se abonarán junto a la liquidación mensual, quincenal o semanal

correspondiente. Estos pagos serán fiscalizados por funcionarios de la autoridad

administrativa del trabajo cuando lo estime oportuno o por denuncia de la entidad

gremial.

 

CAPITULO IV. COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE.

Artículo 43º: Cualquier gestión relativa a salarios, jornada y condiciones de trabajo, que

no estén contempladas en las normas vigentes de la actividad o que resulten de

emergencia en la interpretación del presente convenio, serán sometidas a consideración

de la Comisión Paritaria Permanente. La Comisión Paritaria Permanente estará integrada

por 3 (tres) representantes titulares del sector empresario y 3 (tres) representantes

titulares de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), e igual

número de suplentes para ambos, y será presidida por un funcionario del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Todos los miembros titulares tendrán voz y voto y el presidente tendrá facultad de

decidir en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse por ninguna de las

propuestas en debate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría. La Comisión

Paritaria Permanente se reunirá cada vez que cualquiera de las partes lo solicite y será

citada por su presidente con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas como

mínimo informando el temario a tratar en las mismas.

Igualmente el presidente citará por sí cuando exista algún asunto a considerar, debiendo

las empresas periodísticas conceder los permisos que al efecto y para el desempeño de

su cometido, requiera la organización sindical.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación garantizará la

concurrencia de las partes a las reuniones convocadas, utilizando idéntico mecanismo y

plazos que los determinados para la conciliación obligatoria, de acuerdo con las Leyes Nº

14.786 y 12.908 (artículos 70 al 74) y ley Nº 25.877 y concordantes, teniendo incluso

facultades para convocar bajo apercibimiento de resolver en ausencia de la parte no

concurrente.

Por decisión del presidente o a requerimiento de cualquiera de las partes, podrá

solicitarse la concurrencia de terceros que se estime necesario para mejor proveer.

De todo lo actuado en las reuniones se levantarán las actas respectivas.

Además de las funciones especificadas con anterioridad tendrán a su cargo el estudiar,

verificar y requerir el asesoramiento que consideren pertinente a fin de acordar entre el

sector empresario y la representación de los trabajadores, los cambios que plantee la

incorporación de nuevas tecnologías a los medios de comunicación social y las

modificaciones que de ello se deriva en las relaciones laborales, asegurando al mismo

tiempo el fiel cumplimiento de la legislación en vigencia en materia de higiene y

seguridad industrial, la estabilidad laboral y la capacitación profesional, todo ello sin

perjuicio de los acuerdos que en la materia arriben las empresas periodísticas abarcadas

por este convenio colectivo de trabajo y las organizaciones sindicales, a fin de

garantizar la protección de las fuentes de trabajo, las condiciones de profesionalidad, la

creatividad y la salud de los trabajadores.

Las resoluciones de las comisiones paritarias serán definitivas y ellas se comunicarán de

inmediato a los interesados para su cumplimiento, bajo pena de las sanciones dispuestas

en las leyes en vigencia.

Exceptúense del carácter de definitivo aquellas resoluciones que versen sobre las

materias tratadas en los Artículos 38 a 46 de la ley 12.908, las que serán apelables ante

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dentro de los cinco días de notificadas.

 

CAPITULO V. RESPONSABILIDADES CON EMPRESAS CONTRATISTAS.

Artículo 44º: Las empresas periodísticas no podrán utilizar los servicios de contratistas,

subcontratistas o concesionarios, si éstos no pagaran a su personal el salario

correspondiente a la tarea que desempeñen y no efectuaran los aportes de ley

correspondientes a la seguridad social, aportes sindicales y convencionales. Alcanzan a

los contratistas, subcontratistas o concesionarios de cualquiera de las formas de trabajo,

todas las obligaciones de los empleadores establecidas en la presente convención

colectiva.

Cada empresa periodística será responsable solidariamente del cumplimiento de las

obligaciones por parte de los contratistas, subcontratistas o concesionarios, solidaridad

que se hace extensiva en los casos de accidente y enfermedades sobrevinientes a

consecuencia de las tareas encomendadas.

 

CAPÍTULO VI. EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, DE EXPEDICIÓN E INTENDENCIA.

Artículo 45º: El siguiente capítulo comprende al personal que cumple funciones en los

siguientes departamentos o secciones: publicidad o avisos, contaduría, circulación,

expedición e intendencia. Están amparados por éste Capítulo aquellos trabajadores

comprendidos dentro del Decreto Ley Nº 13.839/46, ratificado por la ley 12.921, con

excepción de los comprendidos en la ley 12.908, y los operarios gráficos de los talleres

de impresión, los encargados, capataces, o jefes de estos talleres.

Artículo 46º: Ingreso, régimen de trabajo, estabilidad y previsión: Las partes ratifican su

voluntad de respetar lo normado por la Convención Internacional sobre los Derechos el

Niño y por los Convenios Nº 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre

protección del trabajo infantil.

Se fija como mínima, la edad de dieciseis (16) años para el ingreso a las dependencias

administrativas de cualquier empresa periodística incluida dentro del alcance del

presente Convenio Colectivo. En tal condición será el empleado considerado cadete.

Todo cadete, al cumplir los dieciocho (18) años de edad, pasará a desempeñarse en la

categoría de ayudante, percibiendo el sueldo que a éste le corresponde.

Los menores de esa edad no podrán desempeñar sus tareas en talleres, lugares donde se

utilicen químicos, con escasa luz natural, o que requieran de un esfuerzo físico o mental

que exponga a los menores a condiciones de riesgo laboral.

Tampoco podrán trabajar jornada laboral con una apertura horaria mayormente

nocturna, privilegiándose siempre los horarios para que los menores puedan terminar los

ciclos de estudios obligatorios.

Artículo 47º: Periodo de Prueba: Todo personal administrativo que ingresare a la empresa

podrá estar sujeto, si así lo deseare el empleador, a un período de prueba, que durará

tres meses.

Cuando las empresas dispongan el ingreso de un nuevo personal administrativo, deberán

asignarle la categoría de ayudante, cuando el empleado fuere mayor de 18 años de

edad, dando preferencia para ocupar cualquier vacante al empleado más antiguo de la

categoría inferior en el orden jerárquico que rija en la misma.

Se exceptúa de esta disposición a los puestos en que el personal esté obligado a exhibir

títulos profesionales adquiridos para su ocupación, sin perjuicio de dar preferencia al

empleado de la casa en igualdad de condiciones que optare a la vacante existente.

Pasados los tres meses establecidos como prueba y acreditada su idoneidad, comenzará

a ganar el sueldo mínimo o básico, según el caso, y se le considerará definitivamente

incorporado al personal permanente, debiendo computarse el período de prueba para

todos sus efectos.

Artículo 48º: Fijación de Sueldos: La fijación de los sueldos, sus modificaciones y la

opción por el periodo de prueba que fija el Estatuto del Empleado Administrativo de

Empresas Periodísticas, deberán ser comunicadas por escrito al interesado.

Artículo 49º: Jornada de trabajo: El horario para el personal administrativo de empresas

periodísticas no será mayor de 6,30 horas diarias y 36 semanales, debiendo cada jornada

ser cumplida en forma continuada.

Queda exceptuado de esta disposición el personal que realice tareas de dirección y

vigilancia y el de intendencia, con excepción de los telefonistas, para quienes el límite

de horas de prestación de servicios se ajustará a las disposiciones de las leyes.

Conceptúase a estos efectos, que realizan tareas de dirección y vigilancia, las personas

que desempeñan cargos de:

Secretario general;

Inspector general;

Jefes o encargados de departamento.

Las autoridades laborales podrán autorizar la ocupación del personal con horarios

discontinuos, cuando circunstancias debidamente acreditadas, a juicio de ésta, lo

justifiquen.

Artículo 50º: Estabilidad y previsión: Ningún empleado será separado de sus funciones

mientras observe buen comportamiento. Las promociones se harán por riguroso orden de

escalafón, dándose preferencia al empleado más antiguo, siempre que éste reúna las

debidas condiciones de idoneidad y conducta.

Artículo 51º: Ningún empleado incluido en este Capítulo podrá ser suspendido en el

desempeño de sus tareas, sin retribución pecuniaria, por un plazo mayor de treinta días,

dentro del término de 365 días. Toda suspensión deberá estar debidamente

documentada y notificada por escrito al interesado, con detalle de las causas invocadas

por el principal para la aplicación de tal medida disciplinaria.

Artículo 52º: Las disposiciones de la ley 12.908, en cuanto regulan el preaviso, la

indemnización del despido en razón de la antigüedad y las indemnizaciones por

enfermedad, son aplicables al personal a que se refiere el presente Capitulo.

Igualmente regirán respecto a este personal las prescripciones del artículo 30 del

presente convenio colectivo de trabajo. En el supuesto de no existir beneficiarios en los

términos especificados, las indemnizaciones ingresarán al fondo de acción social de la

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.

Artículo 53º: Todo empleado que tenga una antigüedad en el servicio superior a cinco

años, tendrá derecho, en caso de retiro voluntario, a una bonificación de medio mes de

sueldo por cada año que exceda de los cinco y hasta un máximo de tres meses.

No gozará de este derecho en el supuesto que omitiese preavisar al empleador en los

mismos plazos impuestos a estos últimos.

Artículo 54º: Régimen de sueldos, escalafón y promociones: Los empleados remunerados

a sueldo y comisión, o ésta solamente, tendrán derecho al sueldo básico fijado por este

convenio colectivo de trabajo que les corresponda en atención a la antigüedad, sin

perjuicio de cobrar la suma que corresponde por comisiones u otros conceptos en lo que

exceda a éste.

Artículo 55º: En los casos de despido sin culpa imputable al empleado administrativo, el

empleador estará obligado a:

  1. a) Comunicar el despido con un mes de anterioridad cuando la antigüedad del empleado

sea inferior a 3 (tres) años a las órdenes del empleador, y con dos (2) meses de

anterioridad cuando la antigüedad en el servicio sea superior a tres (3) años. Los plazos

correrán desde el último día de más en que se comunique el despido y la notificación

deberá hacerse por escrito. En caso de despido sin preaviso, o con preaviso dado sin los

requisitos exigidos precedentemente, el empleador deberá abonar al empleado una

indemnización equivalente a 2 (dos) o 4 (cuatro) meses de sueldo según la antigüedad en

el servicio sea menor o mayor de 3 (tres) años.

  1. b) En estos casos de despido, haya o no preaviso, el empleador abonará una

indemnización fija equivalente a 6 (seis) meses de sueldo y, además, un (1) mes de

sueldo por cada año o fracción mayor de 3 (tres) meses de antigüedad en el servicio.

  1. c) Estas indemnizaciones serán calculadas tomándose como base la mejor remuneración

mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de

prestación del servicio si este fuera menor.

  1. d) Se computará como formando parte del sueldo las retribuciones por comisiones,

viáticos, incidencia del sueldo anual complementario, los aumentos por antigüedad y

todo pago en dinero, especies, provisión de alimentos o uso de habitación.

  1. e) Durante todo el tiempo de preaviso, el empleado afectado dispondrá de una licencia

diaria de 2 (dos) horas dentro de su horario habitual de trabajo, sin que disminuya su

sueldo.

 

CAPITULO VII. DISPOSICIONES VARIAS.

Artículo 56º. La grilla de las categorías profesionales dispuesta en los anexos I, II, III y IV

sustituirá a todos sus efectos las previstas en los CCT vigentes, las disposiciones

referidas a la categorización profesional y las escalas salariales, en los términos del

artículo 37 del presente.

Artículo 57º: Zona desfavorable: Se aplicará un coeficiente del 1.12 por ciento sobre los

salarios básicos de los trabajadores de la zona de la Patagonia Sur, desde el paralelo 44º

hacia el sur. Las partes convienen que en el término de 180 días a partir de la firma del

presente, tratarán la solicitud de la parte gremial de extender la aplicación de dicho

beneficio y mejorar su coeficiente.

 

CAPITULO VIII. CLAUSULAS ECONOMICAS.

Artículo 58º Contribuciones: La representación de la FATPREN manifiesta que, en el uso

de las atribuciones que le confiere el estatuto social en un todo de acuerdo con las

previsiones de la ley de convenciones colectivas y de asociaciones sindicales, ha resuelto

fijar una contribución extraordinaria en virtud de los incrementos resultantes del

presente convenio, consistente en el cinco por ciento (5%) del primer aumento sobre el

salario básico de todos los trabajadores que sean alcanzados por este acuerdo, con

carácter de contribución solidaria gremial destinada al desarrollo de políticas de

capacitación sindical y profesional de los dirigentes, cuadros sindicales de la FATPREN,

sus sindicatos adheridos y trabajadores en el ámbito alcanzado por este acuerdo.

Los importes devengados deberán ser depositados en la cuenta de la Sucursal 007 del

Banco HSBC Bank Nº 20-419667/2 (CBU 2650007402000741966724) de la Federación

Argentina de Trabajadores de Prensa. Las empresas enviarán a la FATPREN, sita en Solís

1158 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1078 AAX), el respectivo

comprobante de depósito y la planilla descriptiva.

Además FATPREN establece, un aporte solidario de todos los trabajadores beneficiarios

de este acuerdo colectivo desde la vigencia de las escalas salariales de los anexos I, II,

III, IV.

Este aporte estará destinado a cubrir los gastos ya realizados y a realizar, en la gestión y

concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social, la

constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de losbeneficiarios convencionales, al sostén económico de la Federación Argentina de

Trabajadores de Prensa, de las políticas gremiales, administración de la institución y

mantenimiento edilicio de su sede central y los sindicatos adheridos, los que serán

administrados de acuerdo a sus estatutos sociales y a lo que resuelvan sus cuerpos

orgánicos, que serán constituidos de la siguiente forma:

  1. a) El uno por ciento (1%) del salario básico de los trabajadores abarcados en el presente

acuerdo, por el término de doce (12) meses a partir de la firma del presente.

  1. b) Las empresas empleadoras, además, contribuirán mediante un aporte del uno por

ciento (1%) de la masa salarial de los trabadores de prensa -para éste mismo fondo e

iguales fines-, y por el término de seis (6) meses partir de la firma del presente.

Las empresas realizarán la retención sobre los salarios básicos y depositarán junto con el

aporte patronal de acuerdo a los plazos establecidos para aportes y contribuciones

correspondientes a la Seguridad Social, en la cuenta de Sucursal 007 del Banco HSBC

Bank Argentina Nº 20-419667/2 (CBU 2650007402000741966724) de la Federación

Argentina de Trabajadores de Prensa. Las empresas enviarán a la FATPREN, sita en Solís

1158 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1078 AAX), el respectivo

comprobante de depósito y la planilla descriptiva.

  1. c) Asimismo la representación empresaria ha dispuesto establecer una contribución

extraordinaria para las empresas comprendidas en el presente acuerdo la que alcanzará

a la suma del salario fijado para el “Aspirante” de conformidad con la categoría de la

empresa obligada al pago y la oportunidad en que la misma se lleve a cabo. Deberán ser

acreditados en la cuenta Banco de la Nación Argentina 54989/81 Sucursal Lavalle, a la

orden de Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (A.D.I.R.A.). Los

fondos provenientes de esa contribución serán destinados a solventar la capacitación de

los trabajadores de prensa y el fomento de la lectura, particularmente, en los niveles

iniciales de enseñanza.

 

CLÁUSULA TRANSITORIA – MANFIESTACION DE LAS PARTES

Artículo 59º: Las partes contratantes manifiestan que, el presente texto convencional,

ha sido realizado con el objeto de sanear la dificultad que exhibe la extensa

ultractividad de los acuerdos colectivos vigentes desde el año 1975 por lo que, su

contenido, refleja y sistematiza el orden público vigente en la actividad. Es aspiración

de las partes que, en el mas breve plazo posible, pueda concretarse la convocatoria en

el marco del Expediente Nº 1.174.798/06 a fin de acordar un convenio para la actividad

periodística en su conjunto y, la rama prensa gráfica en particular, con el objeto de discutir la incorporación de los institutos que la representación sindical pretende y los

adelantos tecnológicos que el sector empresario propone.

 

 

 

 

Los trabajadores, cualquiera sea su especialidad, cuentan con derechos y la posibilidad de afiliarse o no, a un gremio o sindicato es solo suya. La patronal no debiera marcar obligatoriedad alguna ni designar a qué organización gremial debe afiliarse el trabajador.

Para resguardar este derecho permanece vigente la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales - sancionada el 23 de marzo de 1988 y promulgada el 14 de abril del mismo año por el Congreso Nacional - cuyos principales artículos compartimos a fin de contar con información que permita defender nuestro derecho de afiliación y representación gremial.          

De la tutela de la libertad sindical

Artículo — La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

Artículo 2° — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta Ley.

Artículo 3° — Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

Artículo 4° — Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

  1. a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales;
  2. b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse;
  3. c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales;
  4. d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
  5. e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

Artículo 5° — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:

  1. a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieran inducir a error o confusión;
  2. b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial;
  3. c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafiliarse;
  4. d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.

Artículo 6° — Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 7° — Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados.

Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado superior y otra de grado inferior.

Artículo 8° — Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar:

  1. a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados;
  2. b) Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión;
  3. c) La efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
  4. d) La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.

Artículo 9° — Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.

Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales.

  1. — De los tipos de asociaciones sindicales

Artículo 10. — Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:

  1. a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;
  2. b) Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas;
  3. c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

Artículo 11. — Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas:

  1. a) Sindicatos o uniones;
  2. b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado;
  3. c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden a éste.
  4. — De la afiliación y desafiliación

Artículo12. — Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberá conformarse a la misma.

Artículo 13. — Las personas mayores de dieciséis (16) años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.

(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008)

Artículo 14. — En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca.

Artículo 15. — El trabajador que dejare de pertenecer a una asociación sindical no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre asociaciones de diverso grado.

III. — De los estatutos

Artículo 16. — Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8° y contener:

  1. a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación;
  2. b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente;
  3. c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación que garanticen el derecho de defensa.
  4. d) Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos;
  5. e) Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones;
  6. f) Época y forma de presentación, aprobación y publicación de memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización;
  7. g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociacionales, avales que superen el tres por ciento (3%) de sus afiliados;
  8. h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas, y congresos;
  9. i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical;
  10. j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación.
  11. — Dirección y administración

Artículo 17. — La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.

Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo derecho a ser reelegidos.

Artículo 18. — Para integrar los órganos directivos, se requerirá:

  1. a) Mayoría de edad;
  2. b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
  3. c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/as argentinos, el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/as argentinos.

La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 30% (treinta por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores.

Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, será proporcional a esa cantidad.

Asimismo, las listas que se presenten deberán incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección.

No podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla con los requisitos estipulados en este artículo.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.674 B.O. 29/11/2002).

  1. — De las asambleas y congresos

Artículo 19. — Las asambleas y congresos deberán reunirse:

  1. a) En sesión ordinaria, anualmente;
  2. b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo de la asociación por propia decisión o a solicitud del número de afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá ser superior al quince por ciento (15%) en asamblea de afiliados y al treinta y tres por ciento (33%) en asamblea de delegados congresales.

Artículo 20. — Será privativo de las asambleas o congresos:

  1. a) Fijar criterios generales de actuación;
  2. b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo;
  3. c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones, nacionales o internacionales;
  4. d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño;
  5. e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados.
  6. — De la inscripción

Artículo 21. — Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:

  1. a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación;
  2. b) Lista de afiliados;
  3. c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo;
  4. d) Estatutos.

Artículo 22. — Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial.

VII. — De los derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales

Artículo 23. — La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:

  1. a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
  2. b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial;
  3. c) Promover:

1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales.

2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional de seguridad social.

3º La educación general y la formación profesional de los trabajadores;

  1. d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
  2. e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa

Artículo 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:

  1. a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos de control de la legislación;
  2. b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones;
  3. c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados;
  4. d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos estatutarios;
  5. e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su rubricación.

VIII. — De las asociaciones sindicales con personería gremial

Artículo 25. — La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

  1. a) Se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto en esta ley y haya actuado durante un período no menor de seis (6) meses;
  2. b) Afilie a más de veinte por ciento (20%) de los trabajadores que intente representar.
  3. c) La calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar.

Los promedios se determinarán sobre los seis meses anteriores a la solicitud.

Al reconocerse personería gremial la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con otra asociación sindical.

Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial.

Artículo 26. — Cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa dictará resolución dentro de los noventa (90) días.

Artículo 27. — Otorgada la personería gremial se inscribirá la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos.

Artículo 28. — En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados contizantes de la peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación con personería preexistente.

Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca pruebas.

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.

Cuando se resolviere otorgar la personería a la solicitante, la que la poseía continuará como inscripta.

La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando mediare conformidad expresa máximo órgano deliberativo de la asociación que la poseía.

Artículo 29. — Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión.

Artículo 30. — Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si existieran intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación específica y se cumplimenten los requisitos exigidos por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores.

Artículo 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:

  1. a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
  2. b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidades con lo que dispongan las normas respectivas;
  3. c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
  4. d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
  5. e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;
  6. f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.
  7. — De las federaciones y confederaciones

Artículo 32. — Las federaciones y confederaciones más representativas, adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo 25.

Artículo 33. — Se considerarán federaciones más representativas, las que estén integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la mayor cantidad de los trabajadores contizantes comprendidos en su ámbito

Se considerarán confederaciones más representativas las que afilien a entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de trabajadores cotizantes.

Artículo 34. — Las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerde a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas.

Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda tramitación de índole administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir los recursos que fuese conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere menester para la mayor defensa de los derechos de las mismas.

Artículo 35. — Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no actuare una asociación sindical de primer grado con personería gremial.

Artículo 36. — El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de grado inferior solo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las causales que dichos estatutos determinen, garantizando el debido proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo.

  1. — Del patrimonio de las asociaciones sindicales

Artículo 37. — El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

  1. a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y contribuciones de solidaridad que pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas;
  2. b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
  3. c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta.

Artículo 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como "agente de retención" de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención, o - en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.

Artículo 39. — Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los artículos 5° y 23, estarán exentos de toda clase, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la sola obtención de dicha personería gremial.

El Poder Ejecutivo Nacional gestionará con los gobiernos provinciales por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su régimen fiscal el principio admitido en este artículo.

  1. — De la representación sindical en la empresa

Artículo 40. — Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación:

  1. a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical.
  2. b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Artículo 41. — Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:

  1. a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por éstas, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existiere circunstancias atendibles que lo justificaran.

Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscripta.

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año:

  1. b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.

Artículo 42. — El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por ciento (10%) del total de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

Artículo 43. — Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 40 de este ley, tendrán derecho a:

  1. a) Verificar, la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo;
  2. b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante;
  3. c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

Artículo 44. — Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a:

  1. a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesarios;
  2. b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar;
  3. c) conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicable.

Artículo 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:

  1. a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;
  2. b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;
  3. c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un delegado por turno, como mínimo.

Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.

Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos.

Artículo 46. — La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la organización de la explotación o del servicio.

XII. — De la tutela sindical

Artículo 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

Artículo 48. — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.

El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio de remuneraciones.

Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.

Artículo 49. — Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberá observar los siguientes requisitos:

  1. a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
  2. b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegramas o cartas documento u otra forma escrita.

Artículo 50. — A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores para cuya postulación no hubiere sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos.

Artículo 51. — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedades, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley.

Artículo 52. — Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.

La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.

Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme, las disposiciones del artículo 666 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.

La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.

XIII. — De las prácticas desleales

Artículo 53. — Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los represente:

  1. a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores;
  2. b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo;
  3. c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas;
  4. d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical;
  5. e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales;
  6. f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;
  7. g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley;
  8. h) Negare a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales;
  9. i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal;
  10. j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen;
  11. k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo.

Artículo 54. — La asociación sindical de trabajadores o el damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querella por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.

Artículo 55.

1º — Las prácticas desleales se sancionarán con multas que serán fijadas de acuerdo con los artículos 4 y siguiente de la ley N° 18.694 de infracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que aquí se establecen.

En el supuesto de prácticas desleales múltiples, o de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en la ley N° 18.694.

2º — Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción.

Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo pago, de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada mediante el cese de la medida que la hubiere producido o la realización de los actos que resulten idóneos, conforme a la decisión calificadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir los actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario se incrementará automáticamente en un diez por ciento por cada cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del empleador o entidad representativa de los empleadores.

Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando los importes que así se establezcan en favor del damnificado.

3º — El importe de las multas será percibido por la autoridad administrativa del trabajo, e ingresado en una cuenta especial, y será destinado al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a cuyo fin la autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, previa citación del juez.

4º — Cuando la práctica desleal fuese reparada mediante el cese de los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la decisión judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el cincuenta por ciento.

XIV — De la autoridad de aplicación

Artículo 56. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:

1º Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos.

2º Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen:

  1. a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias;
  2. b) Incumplimiento a las disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales

3º Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos:

  1. a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inciso 2 de este artículo;
  2. b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será parte de la asociación sindical afectada. No obstante lo antes prescripto, cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación sindical o a sus miembros, solicitar judicialmente medidas cautelares a fin que se disponga la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y se designa un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que determinen se adopte esa medida cautelar.

4º — Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen estos últimos, como así también ejecutar los demás actos que hubiere menester para que mediante el proceso electoral se designen a los integrantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrán nombrar las personas que deban ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano de asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido intimado para que lo hiciere, dentro de un lapso determinado, incumpliera el requerimiento.

En caso de que se produjere un estado de acefalía con relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un funcionario para que efectúe lo que sea necesaria o para regularizar la situación. Por su parte si el órgano encargado de convocar a reunión del asamblea de la asociación o al congreso de la misma, no lo hubiera hecho en el tiempo propio, y ese órgano no de cumplimiento a la intimación que deberá cursársele para que lo efectúe, la autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás medidas que correspondan para que la reunión tenga lugar.

Artículo 57. — En tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales a que se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos sindicales.

Artículo 58. — El control de las asociaciones sindicales, aunque hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Artículo 59. — Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren.

Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 19.549 y su reglamentación. Agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista en el Artículo 62, inciso e) de la presente Ley.

La resolución de encuadramiento, emana de la autoridad administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento sindical sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto.

Artículo 60. — Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y éstas, o entre una asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 61. — Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vías de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley.

Artículo 62. — Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:

  1. a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo;
  2. b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre el otorgamiento, de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa;
  3. c) La demanda por denegatoria tácita de una personería gremial;
  4. d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción;
  5. e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por haber vencido el plazo establecido para que se pronuncie la autoridad administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho;
  6. f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley.

Las actuaciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo anterior se sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor proveer que considere convenientes. Asimismo proveerán la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de primera instancia que corresponda, el que deberá elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su sustanciación.

Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo deberán deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento del plazo otorgado a la autoridad administrativa para resolver.

Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la interposición del recurso, la autoridad administrativa, deberá remitir a esa Cámara las respectivas actuaciones. Cuando la decisión recurrida afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en sede judicial, deberá darse traslado a las asociaciones afectadas, por el término de cinco (5) días.

Artículo 63.

1º — Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en:

  1. a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales;
  2. b) Las acciones previstas en el artículo 52;
  3. c) En las acciones previstas en el artículo 47.

2º — Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local.

El pasado 7 de junio, la Corte Suprema resolvió la pregunta que se formula. Se trataba de un trabajador (Sr. Orellano) que había sido despedido de su trabajo en el Correo Argentino acusado de efectuar durante dos semanas reuniones en el lugar de trabajo y en horarios laborales, lo que produjo el retardo, demora y retención en la entrega de las cartas.

Las reuniones realizadas eran con la finalidad de obtener mejoras en los salarios y contaban con un número importante de personal del Correo aunque es de destacar que, no había un Sindicato impulsando dichos reclamos.

Luego del despido, el Sr. Orellano inició una acción judicial reclamando su reincorporación al puesto de trabajo porque sostenía que había sido discriminado por su accionar gremial.

El Máximo Tribunal se avocó a tratar a quién le corresponde el derecho de huelga, es decir quién puede ejercer de manera legítima el derecho de huelga pudiendo llevar a cabo una medida de estas características.

El derecho de huelga, junto con otros derechos laborales, sindicales y de la seguridad social, se encuentra regulado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).El artículo 14 bis de la Constitución le confiere el derecho a huelga a los gremios, entonces cabe preguntarse a que se llama “gremio”.

La discusión sobre esto, si bien anterior, puede remontarse a la Convención Constituyente del año 1957 donde se decidió la incorporación a la Constitución de este derecho.
Un sector de los convencionales sostuvo que, la expresión “gremios” hace referencia a la organización formal de trabajadores, es decir a los Sindicatos.

Otra posición denominada amplia, encabezada por el convencional Bravo, sostuvo que gremio y sindicato no son lo mismo porque al primero se pertenece por una razón de oficio o profesión del trabajador, por ejemplo el oficio de abogado o de carpintero y, para pertenecer al sindicato el trabajador debe afiliarse siendo este la “organización del gremio”.

Ante esta disparidad de criterios la Corte efectúa una lectura integral del artículo 14 bis de la Constitución. Según este artículo, los trabajadores tienen derecho a la organización sindical libre y democrática la cual es reconocida a estos con la simple inscripción en un registro especial. Luego, estas organizaciones son las que cuentan con los derechos que surgen del párrafo dos del artículo, es decir: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el derecho a huelga.

Entonces, según la Corte, el derecho a huelga le corresponde solo a los sindicatos sean simplemente inscriptos o que cuenten con personería gremial.

Para reafirmar dicha postura cita el Convenio 87 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y considerando al Comité del Pacto como un “intérprete válido” de dicho Pacto sostiene que, la huelga debe ser encuadrada dentro de los derechos sindicales.

En este orden de ideas, la conclusión a que le arriba es que, como los únicos que pueden hacer medidas de acción directa son los sindicatos, el Sr. Orellano fue correctamente despedido.

En un apretado fallo la Corte se inclinó por darle sólo a los sindicatos la posibilidad de realizar huelga o cualquier otra medida que tenga por finalidad defender los derechos de los trabajadores.

Sin perjuicio que el fallo es sólo para este caso en particular, podría restringir la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer reclamos o reuniones con la finalidad de conseguir incrementos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo. Por ejemplo en actividades sin representación sindical, en actividades nuevas o en formación o en actividades donde nuevos trabajadores pretendan formar sindicatos, entre otras posibilidades.

* Análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina SA s/juicio sumarísimo”. Valentín

La información de los trabajadores, al instante

Prensa Gremial es un sitio de noticias y eventos de los gremios y agrupaciones de trabajadores del noroeste de la Provincia del Chubut.

 

Temas Populares

Galería de Imágenes